Corte federal rechazó ley de Hazleton

Juez dictó que tema migratorio es asunto federal

Cuatro años después de que el concejo municipal de Hazleton, Pensilvania, aprobara una ordenanza antiinmigrante, un juez federal falló en contra de la polémica medida que pretendía castigar a propietarios que alquilaran viviendas o negocios a inmigrantes indocumentados, y a quienes dieran empleo a extranjeros sin estatus de permanencia legal en Estados Unidos.

El juez del tribunal federal de apelaciones del tercer circuito, Theodore McKee, explicó al emitir su veredicto que su función no es determinar si se justifica o no la frustración de las autoridades locales o estatales por la política migratoria.

Sin embargo, apuntó McKee, “estamos obligados a intervenir cuando los estados y localidades directamente minan los objetivos federales incluidos en los estatutos aprobados por el Congreso”.

El tribunal federal consideró, básicamente, que la ordenanza para combatir la inmigración ilegal en Hazleton se atribuye funciones que le corresponden de forma exclusiva al Gobierno federal estadounidense.

El “acta de alivio contra la inmigración ilegal” fue aprobada en julio de 2006 por el Concejo de la ciudad y enmendada en septiembre, pero nunca entró en vigor.

Advierten apelación

Tras el anuncio del dictamen, la alcaldía de Hazleton, una pequeña ciudad de poco más de 30,000 habitantes ubicada en el noreste del estado de Pensilvania, dejó en claro que llevará el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos si fuere necesario.

El máximo tribunal de justicia del país ya ha declarado que escuchará los argumentos sobre una ley de Arizona de 2007 que penaliza a las compañías que a sabiendas contratan a inmigrantes sin papeles.

Arizona, a su vez, ya tiene otro litigio en las cortes después de que la juez federal, Susan Bolton, bloqueó el 28 de julio las partes más polémicas de otra ley, la SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en ese estado fronterizo con México.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, prometió dar la lucha por la SB1070 hasta el Tribunal Supremo.

Ya la habían frenado

La ordenanza municipal de Hazleton ya había sido frenada temporalmente poco antes de su entrada en vigor en 2006. En esa ocasión, el juez federal James Munley falló que propietarios, inquilinos y comercios que sirven a la comunidad hispana sufrirían “daños irreparables” a raíz de la ordenanza y emitió una orden de bloqueo temporal.

“Consideramos que favorece el interés público proteger el acceso de los residentes a vivienda, educación, trabajo y negocios”, escribió el juez en un fallo de 13 páginas.

La ordenanza fue demandada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y organizaciones nacionales pro inmigrantes bajo el argumento que las medidas determinadas por el Concejo eran racistas y causantes de división, además de afectar la facultad exclusiva del gobierno federal de regular la inmigración.

Tras su aprobación, la ordenanza desató una fuerte polémica en todo el país en momentos en que el Congreso detuvo la convocatoria del Comité de Conferencia que armonizaba dos proyectos de reforma migratoria aprobados por ambas cámaras del legislativo. El entonces liderazgo republicado precisó que uno de los proyectos no era congruente con las políticas de seguridad nacional.

Tanto las autoridades de Hazleton como de Pensilvania se quejaron por la falta de acción del gobierno federal en detener la inmigración indocumentada, a quien responsabilizan de los problemas sociales que padece la ciudad y del estado, un argumento similar al utilizado por Arizona cuando aprobó la SB1070.